MIÉRCOLES 2
DICIEMBRE

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Sobre la usurpación de propiedades

Por Jorge Giorno


La toma de tierras es un delito. La mirada de los argentinos se encuentra en la usurpación de tierras en un salvajismo esparcido por todo el país pero que el gobierno no admite. Arrebatando toda norma y jurisprudencia en el ámbito de la convivencia entre ciudadanos, la supremacía de la Constitución Nacional ha quedado por el suelo como también el Código Penal que acompaña el cumplimento en todo Estado de Derecho.
Quien habló respaldando la vigencia de las leyes fue el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta quien afirmó: “Los derechos de propiedad y la seguridad jurídica sobre los mismos, son condición para el desarrollo, el crecimiento y también para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los argentinos.”
Aclaró también que “Es imposible pensar la convivencia democrática sin la plena vigencia del Estado de Derecho [...] Y como marca la Constitución en su artículo 17, la propiedad es inviolable y sólo una sentencia fundada en ley puede privar a alguien del derecho a la misma.” Como señala el Jefe de Gobierno tanto la Constitución y el articulo 181 del Código penal “será reprimido con una pena de prisión de seis meses a tres años quien "despojare a otro" de la posesión o tenencia de un inmueble cuando ese despojo sea "por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad".
Por lo tanto queda claro que, objetivamente, lo que ha estado ocurriendo es un delito que debe ser penado, aunque de parte del Gobierno Nacional, cuando se preguntó sobre el tema, parecieron distraídos. El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof se contradijo con los planes de subsidio de $50.000 mensuales (hasta completar la suma de $ 300.000) que les ofrecieron a las personas que se encontraban en los predios con el objetivo de convencerlos que desocuparan las tierras. Mientras tanto el Jefe del Gabinete Nacional, Santiago Cafiero, respondió con un informe del Ministerio de Seguridad “una vez que la situación se define como ‘toma de tierras’ mediante una sentencia firme emanada de autoridad judicial competente, es que estamos ante un acto ilegal”.
De modo que avalan un delito como también ocultan el déficit habitacional de Argentina. El Estado es el responsable de brindar bienestar a sus ciudadanos, pero las promesas de la casa propia tanto como las de un trabajo digno pasan de largo. En la Argentina es necesario – según datos oficiales – 200.000 soluciones habitacionales por año en función del aumento de la población.
De parte de la Ciudad de Buenos Aires Rodríguez Larreta se expresó de manera muy concreta “Hay que atender las dos realidades en simultáneo [...]”
La realidad de los argentinos debe ser resuelta, tanto los dueños de la propiedad privada como las personas que las usurpan necesitan una respuesta de inmediato para no seguir en esta eterna espera que sólo lleva al sufrimiento de los ciudadanos.


Jorge Giorno es presidente del Partido de la Ciudad en Acción. (Integrante de Juntos para el Cambio.) e mail: jorgeagiorno@yahoo.com.ar






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